Un nuevo borrón en su ejecutoria como ministro del Interior se ha apuntado este lunes Fernando Grande-Marlaska con la destitución del coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Las razones no oficiales son de “pérdida de confianza”, un eufemismo para manifestar el enfado del ministro por algo que ha hecho el jefe de la Benemérita y que a él no le gustó porque perjudica su política partidista.

Fuentes del entorno del ministro han revelado que se trata de que la Guardia Civil remitió un informe al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones feministas del 8-M en las que podrían haberse contagiado miles de asistentes por el Covid-19. En este informe también se incluye una investigación al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien supuestamente manejaba al menos tres días antes de la manifestación datos que evidenciaban la gravedad de la crisis sanitaria y, sin embargo, no se opuso a las citadas marchas feministas. Como se sabe, Simón se comporta más que como un profesional médico como un portavoz del Gobierno. También se autorizó en Madrid un congreso político de Vox con 9.000 asistentes y un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano con 60.000 espectadores, ambas supuestas irresponsabilidades a cargo del delegado del Gobierno.

Los dos coroneles cesados son prestigiosos profesionales de la Benemérita con importantes hojas de servicio contra ETA y constituyen advertencias claras de que quien no hace lo que al ministro le parece oportuno políticamente puede correr la misma suerte. Pero ¿no supone, además, en el caso de Pérez de los Cobos, una dificultad a la labor de la Justicia?, desde luego parece que no facilita su acción si cesa al responsable del informe de la Guardia Civil al juzgado. Esperemos.

Naturalmente, este no es el primer episodio de sectarismo político del ministro Grande-Marlaska, antes había cesado al coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, al paralizar operaciones por falta de fondos, y no actuó como correspondería a su cargo ante las agresiones a dirigentes de Ciudadanos en las marchas LGTBI. Si a todo lo anterior se unen las declaraciones del general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil acerca de que este cuerpo protege al Gobierno de las críticas sociales en las redes por su gestión de la crisis, o la prolongación excesiva del estado de alarma que afecta gravemente a las libertades y derechos fundamentales de los españoles, o el uso partidista del CIS y un largo etcétera de hechos, se puede concluir que este Gobierno causa alarma social por su falta de respeto a normas esenciales de un Estado de derecho, de ahí la “pérdida de confianza” que millones de españoles sienten por él.