En 1970 unas imágenes impactaron a la sociedad norteamericana: una espesa ‘niebla’ procedente de los tubos de escape de miles de automóviles ensombrecían muchas ciudades como un elemento habitual.

El año anterior un incendio desatado en aguas del río Cuyahoga de Cleveland (Ohio), que recibía los desechos de las industrias de automoción de la zona, otras imágenes difundían el horror: “el agua estaba cubierta de manchas de aceite y burbujeaba (…). La superficie del río ya se había incendiado muchas veces con anterioridad, pero aquel día de junio de 1969 las llamas alcanzaron los cinco pisos de altura”, describía un periódico local.

El día 22 de abril, fue elegido para instaurar el Día Mundial de la Tierra en 1970. Las calles se llenaron, fue la manifestación más grande del país hasta entonces. En aquel momento protestaban por la polución que englobaba los males de la industria automovilística y su dañina gasolina con plomo, prohibida en el año 2000.

Un estudio liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), en España, ha encontrado, hace meses, una importante acumulación de compuestos organofosforados, que se usan como plastificantes y retardantes de llama, en ballenas del océano Atlántico, y en su principal alimento, el kril.PUBLICIDAD

El consumo de los plastificantes organofosforados es la alternativa a los polibromodifenil éteres (PBDEs), que fueron prohibidos por la Convención de Estocolmo en 2009 por su elevada toxicidad.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

En el marco del programa LIFE, el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), la UE destinó 222 millones de euros a los 20 Estados miembros; este programa es el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente para el periodo 2014-2020 y su objetivo general es fomentar los cambios en el desarrollo de nuevas políticas medioambientales así como la promoción de aquellas tecnologías que tienden a innovar en materia de cambio climático.

Este programa europeo está activo desde 1992, financiando con más de 9.000 millones de euros y 4 500 proyectos dedicados a la proyección del medio ambiente y el clima en todos los Estados miembros.

La mayoría de los agricultores de la UE puede optar a pagos directos de apoyo a la renta. Alrededor de un tercio de estas ayudas se concede a cambio de prácticas ecológicas tales como mantener pastos permanentes, diversificar los cultivos, etc.

El 4 de abril la Agencia Europea para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) de la Comisión Europea ha hecho pública la Convocatoria LIFE 2019, a la que pueden presentarse todas las entidades registradas en la Unión Europea.

Los proyectos “tradicionales” pueden ser buenas prácticas, demostraciones, proyectos pilotos, proyectos de sensibilización e información, dependiendo del área prioritaria.

Los proyectos “integrados” son proyectos que ejecutan a gran escala territorial planes o estrategias medioambientales exigidos por la legislación específica de la Unión en materia de medio ambiente, elaborados principalmente en los ámbitos de la naturaleza (incluida la gestión de la red Natura 2000), el agua, los residuos y el aire.

El Portal de Participantes de Investigación e Innovación permite encontrar socios para ideas de proyectos entre las organizaciones registradas en el portal Registro de Beneficiarios: La red Enterprise Europe Network  y la herramienta de asociación CARE apoyan a los solicitantes potenciales para el programa de trabajo Horizon 2020 del Desafío social 5 «Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas» para encontrar socios y construir un consorcio para proyectos.

La adopción de medidas contra el denominado cambio climático y proteger el patrimonio natural de Andalucía son los principales objetivos de la inyección de 106 millones de euros que la Junta destinará este año a las ayudas forestales.

En total, 780 entidades se pueden beneficiar de estas ayudas que harán posible el desarrollo de inversiones en las áreas más rurales de la región y, por consiguiente, se convertirán en una fuente de empleo en municipios y comarcas que urgen de nuevas oportunidades para combatir la despoblación. Esta cifra supone más del doble de la cantidad dispuesta la última vez que se convocaron en 2012.

Estas subvenciones, que se enmarcan dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, pretenden facilitar la puesta en marcha de inversiones destinadas al desarrollo de zonas forestales, la mejora de la viabilidad de los bosques o el incremento de la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales.

La denominada “Revolución Verde” que pretende impulsar la Junta tiene como reto convertir a Andalucía en “referente mundial en la lucha contra el cambio climático”, a través de una batería de inversiones e iniciativas, como duplicar los fondos destinados a las ayudas forestales. Cabe recordar, que aún no hay situaciones irreversibles ambientales en Andalucía, si bien hay problemas de degradación por múltiples contaminaciones en demasiados municipios y diversos medios naturales.

En concreto, cuatro son los fondos estructurales y de inversión europeos (FEIE) de aplicación en nuestra región y sobre los que la Administración de la Junta de Andalucía tiene competencias directas de gestión: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER; Fondo Social Europeo (FSE); Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

Durante el pasado año, la gestión de estos fondos por parte de la Comunidad Andaluza se ha visto agilizada gracias a diferentes reformas recogidas en la Orden de 30 de mayo de 2019, para el periodo de programación 2014-2020. Dicha normativa ha permitido a la Administración Autonómica acelerar la implementación de los fondos estructurales de la UE, sustentados en la llamada regla n+3.

La Comisión Europea ha reaccionado promoviendo varios cambios legislativos. En concreto, y mediante las Comunicaciones COM (2020) 113 final, de 13 de marzo de 2020 y COM (2020) 138 final, de 2 de abril de 2020, ha aprobado la llamada Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus.

Se trata de un conjunto de modificaciones legislativas en los reglamentos de los FEIE que flexibilizan su uso y permiten movilizar el máximo de sus recursos financieros en la lucha contra la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19. Dichas modificaciones legislativas ya han sido validadas por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.

La Junta de Andalucía pretende agilizar la ejecución de los más de 5.400 millones de euros no certificados de los Programas Operativos FEDER, FSE, FEADER (PDR) y FEMP, así como reorientar sus fondos disponibles hacia nuevos objetivos de creación de empleo en esta situación tan compleja con efectos económicos, sociales y de salud pública tan evidentes.

El COVID-19 ha sacado a la luz la capacidad para unirnos en solidaridad, ver como la tecnología prevalece para intentar controlar la pandemia y la necesidad de fortalecer el sistema sanitario público para consolidarlo ante un futuro aún incierto.

En Andalucía se han activado la fabricación propia de respiradores para UVIs, la creación de un prototipo de detección del virus sobre superficies, la creación de una plataforma científica y tecnológica contra el virus y presentado bajo el nombre PLAnd COVID-19 y puesta en marcha de 18 estudios clínicos y 13 proyectos de investigación.

Todo lo que queremos está del otro lado del miedo. Dóminus illuminátio mea et salus mea: quem timebo?