Iván tiene 41 años, está casado, tiene dos hijos y desde hace semanas lucha desde una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Sant Pau de Barcelona, tras la agresión sufrida en los disturbios que ya se preveían tras la sentencia del «procés».

Nadie sabe lo que va a pasar el 10 de noviembre, y eso es grave. La traca vendrá, otra vez desde Cataluña, que tras la sentencia del 1 de octubre o del process ha dado una imagen nacional e internacional deprimente de lo que son capaces de hacer los independentistas, en la calle y desde las instituciones, simples imitadores del kale borroka de los batasunos vascos. ¿Por qué ese empeño del gobierno en minimizar todo esto?

La decisión unilateral de Torra de anunciar que su propuesta de respuesta institucional ante el fallo del Tribunal Supremo era “ejercer el derecho a la autodeterminación” antes de que acabara la legislatura, y su mala gestión de la comunicación de altercados en Cataluña, ha hecho que las dos formaciones del gobierno catalán intenten retomar la iniciativa.

La única oportunidad para alargar esta legislatura en Cataluña es aprobar los presupuestos, mientras tanto JxCAT como los propios republicanos ya están preparándose para unas elecciones que inevitablemente se adelantarán. Sin embargo, el gran beneficiado pueden ser los batasunos de la CUP.

A través de centenares de organizaciones culturales y sociales, en la práctica organizaciones dedicadas a romper el marco de convivencia y de legalidad que vincula a todos los españoles, han conseguido en treinta años, sumado a la inercia pasiva de la administración estatal, una movilización callejera muy relevante.

Los mismos que gritan y no admiten otro pensamiento que el suyo, los mismos que claman por la democracia y la convivencia del pueblo, según el qué y para qué, son los que solo se reconocen a ellos como demócratas.

Parece que la situación en Cataluña es de trincheras, mientras los medios de comunicación de pensamiento único, la casi totalidad, apoyan por acción u omisión cada día la autodeterminación y la libertad de falsos presos “políticos”.  La tensión no dejará de crecer en sedes institucionales y en la calle en los próximos meses, para eso la JxC, ERC y la CUP tiene ganas. Y el gobierno catalán reclama que su policía esté o tenga acceso en la Interpol al igual que la ertzaina en el año 2018, argumentando que la seguridad no admite divergencias políticas. Un horror.

Las soluciones que se pretenden contra la voladura de la convivencia desde sus instituciones, y los actos de sedición, no unen a los partidos de ámbito estatal, sino que los dividen aún. El otorgar más autonomía competencial a quien manifiesta querer romper el marco constitucional desde las instituciones resulta imprudente y peligroso, máxime cuando desde hace años apuestan a una sola carta, la secesión.

Un sueño para construir debe ser la sociedad catalana y los agentes sociales y económicos de ámbito estatal y autonómico los que se vayan movilizando por crear unas bases sólidas de unidad en la diversidad, de convivencia cívica y respeto a la legalidad, en la que se asuma que la secesión no es ni deseable ni viable y que la solución a los problemas en Cataluña de ámbito social y económico se solucionan desde Madrid y Barcelona. Para eso hay que reforzar valores de convivencia constitucionales, eliminando las vías de oxígeno al adoctrinamiento excluyente y a una educación basadas en la tergiversación histórica y la ruptura convivencial.

Es necesaria una estrategia que, con voluntad, constancia no tenga prisas en sus cumplimientos. En un ambiente de radicalización total desde niveles institucionales catalanes los problemas no se resolverán nunca sólo con la judicatura, ni con la Fiscalía, ni con la Guardia Civil.

El independentismo se ha convertido en un problema de orden público, y ese desorden público refleja un desorden moral y ético en la sociedad catalana. El contexto justificativo que ha creado la sociedad catalana, en su conjunto, alrededor de las ignominiosas acciones políticas y delictivas del independentismo, es una patología que los tribunales no pueden curar, y mientras los catalanes voten lo que votan, tendrán un monstruo en el gobierno.

El Estado ha marcado los límites y las consecuencias de no observarlos. La sentencia del Tribunal Supremo, sólidamente razonada es la propia de un Estado de Derecho, alejada de la tentación tribal catalanista radical y del jaleo de barra de un bar batasuno.

Es un «conflicto político-institucional y social sin precedentes» el que vive actualmente España por la situación en Cataluña, y observando esa mala jugada están los nacionalistas vascos y navarros. Un conflicto, en el que lentamente se ha visto la resistencia del gobierno de la Nación a comprometer la soberanía nacional que reside en todo el pueblo español.

Una voluntad soberanista constituida en poder territorial recurre a las emociones identitarias y a la retórica falsa de los derechos para vestirse de libertad, y si no se paraliza, ocasiona un gran problema ahora, que puede ser mayor en cinco o quince años.

La asunción por el Estado de competencias en materia de educación, prisiones, medios de comunicación públicos se debió hacer hace varios años, y ahora en esta situación de envenenamiento masivo de odio a lo español el gobierno nacional no se decide. ¿Solo se piensa en las próximas elecciones?

La eliminación de las subvenciones a partidos políticos que impulsen o no condenen actos de violencia secesionista es necesario incluirlo en la Ley de régimen electoral general. Si delinques o no condenas la violencia quedas fuera del sistema de partidos democráticos. Es decir, no se pueden presentar a elecciones partidos políticos que no condenen la violencia al orden constitucional.

El respeto a la legalidad constitucional vigente no sirve a una mayoría de catalanes que la consideran leyes injustas o desfasadas contrarias a la voluntad actual del pueblo. Este tremendo error y horror rompe con el requisito «imprescindible en una democracia legítima». La primacía de la vigente Constitución no exige una adhesión positiva, pero sí que impone su respeto.