Si no estamos casados también somos viudos. Soledad Benítez-Piaya Chacón. BMR Abogados de familia - El Sol Digital
Si no estamos casados también somos viudos. Soledad Benítez-Piaya Chacón. BMR Abogados de familia

Si no estamos casados también somos viudos. Soledad Benítez-Piaya Chacón. BMR Abogados de familia

“¿Quiere casarse conmigo? ¿Le dejó su marido mucho dinero? Responda primero a lo segundo.” (Groucho Marx)

Hasta hoy, solo las personas casadas podían acceder, sin otro requisito que la existencia de matrimonio, al sistema de pensiones de viudedad al fallecimiento de su esposo/a. No ocurría lo mismo con las múltiples parejas de hecho que habían elegido simplemente convivir sin vínculo legal.

En el caso de estas parejas, para poder acceder a la pensión de viudedad se exigía (a grandes rasgos y para no extender excesivamente este artículo) que durante el año natural anterior al fallecimiento no alcanzaran el 50% de la suma de los ingresos del miembro sobreviviente y de los del fallecido habidos en el mismo período (en el supuesto de inexistencia de hijos comunes el porcentaje es del 25%), o bien que los ingresos del sobreviviente fueran inferiores a 1,5 veces, el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del fallecimiento.

Es decir; en las parejas no casadas eran necesarios unos requisitos de precariedad económica para, poder acceder a esa prestación.

Esto ha cambiado de forma sustancial desde el pasado 28 de diciembre con el dictado de la ley 21/2021, la cual en su artículo primero modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, reconociendo la pensión de viudedad a las parejas de hecho con carácter vitalicio. De esta forma, se produce una equiparación total con respecto a las parejas casadas.

No cabe ninguna duda de que esta reforma legislativa era necesaria, y que hasta hoy se producía una clara discriminación entre parejas casadas y no casadas.

Lógicamente, al no existir un matrimonio, puede pensarse que será fácil la picaresca de cara a la obtención de esta pensión. Sin embargo, esta posibilidad queda zanjada, ya que se exigen unos requisitos para acreditar la existencia de esa convivencia de hecho estable, ininterrumpida y vigente a la hora del fallecimiento (apartado segundo del artículo 221 del texto refundido).

De esta forma, debe tratarse de personas que no tengan vínculo matrimonial o que no hayan constituido una pareja de hecho con otra persona. La convivencia debe ser “estable y notoria”, inmediatamente anterior al fallecimiento del causante y de una duración ininterrumpida no inferior a cinco años; salvo que hubiese hijos en común, en cuyo caso bastará con la mera inscripción con anterioridad a dos años.

Podríamos preguntarnos, qué pasaría si a pesar de darse todos estos requisitos anteriores, se hubiese producido una ruptura antes del fallecimiento. Pues bien, como ocurre con los matrimonios divorciados, sólo habría lugar a la pensión de viudedad (apartado 3 del nuevo artículo 221 del texto refundido), cuando el miembro de la pareja superviviente no hubiese constituido una nueva pareja de hecho o no hubiese contraído matrimonio antes de dicho fallecimiento, y, además, fuera acreedor de una pensión compensatoria.

Aquí el problema con el que nos encontramos es que la pensión compensatoria viene limitada exclusivamente, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a las parejas casadas, pues el artículo 97 del Código Civil que la regula, habla exclusivamente de separación y divorcio. Por tanto, en el caso de parejas de hecho con ruptura previa, solo cabría este tipo de “pensión compensatoria”, si ambas partes lo pactan voluntariamente en un convenio regulador que regule su ruptura, o bien si no existe voluntad de acuerdo; que se haya reconocido una compensación a través de una reclamación de cantidad de la parte perjudicada, en un juicio declarativo ordinario por enriquecimiento injusto.

Todos estos requisitos tienen una excepción. Y es que, en cualquier caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, puedan acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de hecho.

Una cuestión de máxima importancia es el hecho de esta norma tiene carácter retroactivo, de forma que todos aquellos posibles beneficiarios de la pensión de viudedad a los cuales se les denegó dicho derecho con arreglo a la legislación existente anteriormente, pueden realizar una nueva reclamación para revisar su caso al amparo de la nueva regulación. Lo podrán hacer en un plazo máximo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley que, recordemos, fue el uno de enero de este nuevo año 2022, con lo que sólo tendrían cabida las reclamaciones o revisiones que se realicen en este año natural.

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