El Gobierno suele contestar que se trata de información bajo investigación judicial o que se trata de material clasificado

La posibilidad, confirmada en varios casos, de la entrada de yihadistas en España y otros países siguiendo las rutas de inmigrantes y confundiéndose entre ellos, es un tema recurrente entre los especialistas y ocasionalmente en los medios de comunicación, aunque el Gobierno español y sus aliados mediáticos intentan silenciar cualquier referencia que relacione inmigrantes y yihadistas. Aquí se exponen varias iniciativas de Vox que ilustran este espinoso asunto.

El gobierno de Mali puso en libertad a 180 acusados de pertenecer a grupos yihadistas. Lo hizo para rescatar al político Soumaila Cissé, secuestrado por la filial de Al Qaeda en el país. Ante estas noticias, el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley  para que la Cámara Baja se pronunciase y exigiera al Gobierno de Pedro Sánchez que tomara medidas para impedir que algunos de los yihadistas liberados en Mali acabase entrando en España.

Además, el partido de Santiago Abascal propuso que el Ejecutivo promueva “todas aquellas acciones necesarias para evitar y prevenir la infiltración de yihadistas a través de los flujos de inmigración ilegal”.

Vox justificó su petición con varios informes y noticias que sustentan su advertencia de que entre los inmigrantes irregulares que llegan a España, principalmente en pateras y otras embarcaciones desde países del norte y el oeste de África, se cuelan potenciales terroristas.

Un caso reciente y parecido sería el del checheno que llegó a Francia como refugiado y que hace asesinó al profesor Samuel Paty, quien había enseñado en clase unas caricaturas de Mahoma.

“Podemos constatar la estrategia del terrorismo yihadista, utilizando movimientos migratorios hacia países occidentales con el fin de infiltrar terroristas en nuestro continente”, afirmaron los diputados firmantes de la proposición, Macarena Olona, Carlos Fernández-Roca, Rocío de Meer y Julio Utrilla. Vox insistió en que “la posibilidad de que los yihadistas liberados en Mali se infiltren a través de los flujos migratorios hacia España no puede descartarse y debe ser contemplada y monitorizada desde el Departamento de Seguridad Nacional”. Recuerda que en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, aún vigente aunque se prevé elaborar una nueva, se advierte que “uno de los mayores retos a los que se debe hacer frente es el de los combatientes terroristas que retornan a Occidente de escenarios como Siria e Irak tras haber acumulado conocimientos y experiencias en el manejo de armamento, contactos y conocimiento de rutas y agentes facilitadores” (El Confidencial Digital, 12/11/20).

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha defendido que las personas que llegan a las costas españolas no son refugiados, sino «inmigrantes económicos» de los que se desconoce su «identidad e intenciones», ante lo que recordó los atentados yihadistas perpetrados en Las Ramblas de Barcelona o el más reciente en la ciudad francesa de Niza.

El también eurodiputado de Vox cifró en un 1.000 por ciento el aumento de pateras llegadas a las costas de Canarias durante 2020 y censuró la situación de «emergencia sanitaria y social» que están provocando, que ve similar a la sufrida por Grecia o la isla de Lampedusa.

«No hay control alguno sobre quiénes llegan, su identidad e intenciones. Y tengo que recordar los atentados islámicos de Barcelona o el atentado en Niza producido por un yihadista que entró por Lampedusa», sostuvo, a la vez que recordaba el deber del Estado de garantizar la «libertad, seguridad y bienestar» de los españoles. Rechazó, asimismo, el «dogma» del «consenso progre» de que las personas que llegan en patera son refugiados y defendió que se trata de «inmigrantes ilegales de naturaleza económica» que no deben por tanto beneficiarse de ningún convenio internacional de ayuda al refugiado. Con este objetivo, insistió en que el Ejército es «una de las herramientas» con las que cuenta España y rebatió las palabras del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante Leopoldo López Calderón, que la pasada semana rechazó la petición de Vox de que buques de guerra realizaran un bloqueo naval de Canarias. Buxadé explicó que un bloqueo naval frenaría la llegada de inmigrantes a España. En primer lugar, por su efecto disuasorio. Pero además porque un buque de guerra encuentra una embarcación que necesita ayuda, «se le atiende, se da respuesta sanitaria y se devuelve a sus costas de origen».

Ante las dificultades legales de esta petición, el portavoz de Vox recurrió a convenios internacionales por los que Marruecos, Argelia o Mauritania deberían dar el visto bueno a la intervención de buques de guerra españoles en sus aguas. «Y si no lo hacen, quedará acreditada la participación de esos países en el tráfico de seres humanos», argumentaba. Además, recordó que esto ya se realiza en la Unión Europea en aguas del Mediterráneo mediante la Operación Sophia, aunque esta misión ya finalizó ante los problemas generados para el desembarco de los migrantes rescatados en el mar.

Pese a todo, Buxadé insistió en que el uso de las Fuerzas Armadas está «absolutamente amparado» por la Ley de Seguridad Nacional y criticó que el AJEMA entrara a valorar su propuesta, recordando que los militares no pueden hacer consideraciones políticas e incluso alguno fue cesado por defender el orden constitucional y la integridad territorial de España (El Confidencial Digital 30/11/2020).

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Barcelona a tres ciudadanos argelinos por su presunta pertenencia al grupo terrorista DAESH, uno de ellos era un retornado de la zona de conflicto sirio-iraquí en vísperas de Navidad y fue localizado en un inmueble ocupado del barrio de la Barceloneta de la Ciudad Condal. Los tres ingresaron en prisión por decisión del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.

La operación fue desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6. La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la llegada a España, en vísperas de Navidad, de un ciudadano de nacionalidad argelina «potencialmente peligroso», según informó la Policía Nacional. Los otros dos arrestados son un «acólito» del combatiente terrorista y la persona que prestó apoyo logístico.

Durante su periplo internacional el combatiente pasó por Irak, Turquía y Senegal, donde continúo su actividad a favor del DAESH. Tras su regreso a Argelia, se tiene constancia que el retornado estuvo vinculado a la franquicia del mencionado grupo terrorista en el norte de África.

Esta operación contó con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los Servicios de Inteligencia Argelinos, el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos y de la Oficina Europea de Policía EUROPOL (El Confidencial Digital, 11/1/2021).

El Gobierno evita dar detalles, a preguntas de Vox, sobre terroristas «infiltrados» entre migrantes aduciendo ser investigación judicial o clasificada. Pero sí se sabe que el 62 por ciento de los 37 yihadistas detenidos en 2020 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eran ciudadanos de nacionalidad marroquí y, del total de los arrestados, cuatro carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen, el espacio europeo en el que no existen controles interiores entre países. Los datos constan en una respuesta parlamentaria del Gobierno, consultada por Europa Press, en la que, a preguntas de Vox, se ofrecen datos de forma escueta sobre la nacionalidad de los 37 detenidos por presunto yihadismo durante el año 2020. El partido liderado por Santiago Abascal también quería saber «la forma en la que entraron los que se encontraban en situación irregular».

En su respuesta, con fecha de 22 de febrero de 2021, el Gobierno detalla que los 37 detenidos por delitos relacionados con el yihadismo eran de cinco nacionalidades: 23 de Marruecos; seis de España, cinco de Argelia; dos de Siria y uno de Egipto. «De ellos», añade el Ejecutivo, «cuatro carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen».

El pasado 18 de febrero de 2021, el Ejecutivo contestó en términos parecidos para, sin utilizar la palabra infiltrados ni relacionarlo con la inmigración, asegurar que «desde 2018 han ingresado preventivamente en prisión un total de 11 detenidos por delito de terrorismo que carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen».

El Gobierno suele contestar que se trata de información bajo investigación judicial o sobre la que pesa la regulación específica de material clasificado.

Sobre la «concentración geográfica» de las operaciones en cuestión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez señala que «puede responder a numerosos factores que se determinarán en el transcurso de las investigaciones policiales y judiciales, por un lado, y en posibles investigaciones sociológicas, por otro».

Vox también registró preguntas por escrito aludiendo a las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la «posible utilización por parte de yihadistas de los flujos de inmigración ilegal para acceder a nuestro país», una de ellas en noviembre de 2020.

«Cabe informar que entre los servicios de Inteligencia y de información del Estado hay una interlocución permanente y una transmisión de información constante, permitiendo el establecimiento de líneas de trabajo en las materias como la que motiva la presente iniciativa parlamentaria», aseguró el Gobierno.

«El contenido de dichas informaciones, así como los protocolos y medidas de actuación en la lucha contra el terrorismo, se encuentran amparados en la regulación de materias clasificadas, en aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996», prosigue la respuesta por escrito.

Otra de las preguntas de Vox en el Congreso de los Diputados versó sobre una operación antiterrorista en Barcelona el pasado 8 de enero de 2021 con tres detenidos, de los que el Gobierno dice de forma escueta que eran de nacionalidad argelina -el partido de Santiago Abascal apuntaba a otras nacionalidades-.

Fuentes de la lucha antiterrorista señalaron a Europa Press que los especialistas de la Comisaría General de Información estaban investigando si este argelino retornado, de 28 años, planeaba atentar en Europa y si aprovechó las rutas de introducción irregular de inmigrantes por vía marítima.

Además de la batería de preguntas, Vox promovió sin éxito el pasado mes de diciembre de 2020 sendas votaciones de Proposiciones No de Ley en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para instar al Gobierno, por un lado, a declarar la llegada masiva de inmigrantes ilegales como «situación de interés para la Seguridad Nacional», y por otro, a «prevenir la infiltración yihadista a través de los flujos de inmigración ilegal».

Desde 2012, según datos del Ministerio del Interior acumulados hasta el 1 de marzo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 412 personas vinculadas al terrorismo yihadista en un total de 230 operaciones. (El Confidencial Digital, 08/03/2021).