El Gobierno ha introducido en la futura ley de lucha contra el fraude la posibilidad de modificar algunas figuras fiscales a golpe de enmiendas y por la puerta de atrás. Además del recorte fiscal a los pactos sucesorios, la ley incluye un cambio sustancial que afectará al resultado tributario del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto sobre el Patrimonio.

La norma contempla modificar la base imponible de estos tributos, por lo que no se tendrá en cuenta el valor real de los inmuebles implicados, sino otro valor de referencia que se establecerá en base a un nuevo baremo pendiente de desarrollo por parte de la Dirección General del Catastro. La ley no tendrá carácter retroactivo.

Según han explicado algunas fuentes jurídicas el objetivo es que en todos los cálculos se tome como referencia siempre el mismo valor, a diferencia de lo que ocurría cuando se alternaban el valor real, el valor de mercado o los valores mínimos de referencia que establecían algunas comunidades autónomas, según los tributos. En la práctica este cambio supone una subida encubierta de impuestos, una medida recaudatoria bajo el paraguas de una ley contra el fraude, a pesar de que esas operaciones se ajustan a la legalidad.