El paro del transporte en el mes de marzo evidenció que existe una «crisis de representatividad» en el sector. Este paro acreditó que la Comisión Nacional del Transporte no representa a todo el sector. Ahí es donde aparece la Plataforma convocante de este parón, que ha capitalizado el descontento y la precariedad de muchos transportistas.

Vox se ha anotado un tanto político porque la ministra se equivocó cuando dijo que “no tenía que reunirse con ellos».

Entró Sánchez en la Moncloa por la trampilla de la moción de censura, una excepcionalidad, legítima, y sin precedentes en nuestra democracia. Le avalaron los dinamiteros de la Constitución, y también quienes promueven la independencia por vía pacífica del País vasco y Galicia.

La sociedad quedaba perpleja por la atroz pandemia y paralizada por la crisis económica que engulló, sin pestañear, las dosis descomunales de adormideras que, día a día, se le propinaban desde Moncloa y la mayoría de los medios de comunicación de izquierdas.

La mala gestión sanitaria del cataclismo del Covid apenas ha pasado la debida factura a un Ejecutivo estridente. Poco hacía mella en la granítica epidermis del Ejecutivo, ni las condenas del Constitucional, ni los reproches del Supremo, ni los escándalos de corrupción…Todo colaba, unido a los tremendos ataques a la oposición política. Sánchez ha sabido gestionar muy bien ser el mensajero del miedo cuando golpeaba las puertas cada fin de mes en forma de recibo de la luz, del gas, de la cesta de la compra, del combustible, etc. Nada parece afectarle gravemente ni tampoco a su partido político.

Ya el 4-M eliminó a Iglesias de la política. Sánchez, experto superviviente en conflictos, decapitó a la mitad de su equipo, pues confiaba su suerte a la llegada de miles de millones de los fondos europeos mientras en el PP se destrozaban.

La angustia llegó con el parón del transporte, y la actitud más que discutible de las organizaciones patronales las dos primeras semanas. Y el campo. Y la pesca. Incertidumbre. Desabastecimiento. Ruinas. La inflación está al filo de los dos dígitos, los precios subieron un 9,8% en comparación con el mismo mes de 2021.

Según ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 2,2 puntos en marzo respecto a febrero y llegó a niveles no vistos desde mayo de 1985. Con este nuevo aumento, en lo que va de año el IPC general se sitúa en un promedio mensual del 7,8% en 2022. Esta evolución es debida a subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes.

La elevada inflación azota el bolsillo de las familias, que sufren una merma de poder adquisitivo, y de las empresas, cuyos márgenes se estrechan por la subida de costes, y ante el descontento generalizado, los parones de algunas empresas y las protestas, el Gobierno ha aprobado un Plan de Choque con medidas insuficientes. Algunas de sus medidas, como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, que entrará en vigor el viernes 1 de abril, ya es tarde. La subida de la inflación fue uno de los efectos colaterales que se produjo tras la pandemia, debido a una recuperación mucho más rápida de la demanda que de la oferta, que no pudo seguirle el ritmo.

El ilusionismo suministrado y multiplicado por los medios afines al Gobierno y apoyado por sus variopintos socios quizás no le pueda ya servir, pues tras el Congreso del PP, ahora ya si habrá oposición, además de Vox. La sociedad se harta del dispendio desaforado, el gasto interminable, las medias verdades, la deuda incalculable, la imagen de ineptitud que nos ha colocado en lugares últimos de la fila de la recuperación post pandemia.

¿Demasiado tarde para la rectificación o la enmienda? Sánchez está dilapidando su suerte. Lo fía a las ayudas millonarias europeas y al eslogan “que la extrema derecha no gobierne otra vez” o apelando a la “unidad de los demócratas frente a la llegada del franquismo”. A falta de argumentario se trata de demonizar otra vez al adversario. El PSOE lleva gobernando con los independentistas de ERC desde hace más veinte años en decenas de municipios, y con la marxista CUP y con los extremistas de JXC en la Diputación de Barcelona, también.

El sanchismo está mal herido. En algo menos de tres meses el año 2022 nos ha regalado un cambio de escenario político que puede ser mucho más profundo de lo que parece y que puede abocar a que lo que queda de legislatura sea muy distinto.

La situación extraordinariamente compleja por la que atraviesa el Gobierno ha llegado a su punto álgido con el volantazo con el Sahara, sin explicar los motivos. ¿Se imaginan a Rajoy y lo que atacaría la oposición en el Congreso y en los foros internacionales? Aunque el socio minoritario promete no romper la coalición, los morados están tocados no tanto por sus pésimas propuestas de leyes y nefasta gestión sino por sus «tensiones» internas que les llevan a una situación de «colapso».

Alberto Núñez Feijóo puede generar consecuencias positivas en el bloque de investidura que sostiene al Gobierno en el Congreso. Puede haber pactos de Estado y si Sánchez lo aceptase las fuerzas que integran el bloque que conforman independentistas, nacionalistas, e izquierda radical puede resentirse y abandonarle. Y Ciudadanos quiere a Unidas Podemos fuera del Gobierno. Y, por eso, propone un nuevo pacto de legislatura que permita al presidente socialista gobernar en solitario. La clave para sostener ese Ejecutivo del PSOE pasaría, piensan los naranjas, por la abstención del nuevo PP.

Mientras, el campo está semi abandonado. Diversos sistemas agrarios distintos: la dehesa, la campiña, el olivar, la montaña, el litoral y las sierras, cada uno de ellos con varios ecosistemas diferentes. En Andalucía, la superficie agraria útil supera los 4,40 millones de hectáreas, aproximadamente el 50% de la superficie total de la comunidad.

El campo tiene problemas endémicos que arrastra la actividad agrícola y ganadera con una crisis coyuntural; la nueva Política Agraria Común que se negocia en Bruselas ofrece pagos desiguales según cultivo y territorio; los costes de producción se han vuelto insostenibles a consecuencia de la inflación, agravada por la guerra, los precios del carburante y de la luz disparados; el precio de los fertilizantes a los que les obliga la directriz europea en materia medioambiental; el deterioro de las infraestructuras hídricas; el encarecimiento de materias primas fundamentales para la ganadería, como el maíz, los cereales y la soja.

A esto se une la sensación muy generalizada entre agricultores, ganaderos y el mundo de la caza, de que les hacen responsables del cambio climático, de la calidad de la carne, de las llamadas macrogranjas, la protección del lobo sin su alternativa de alimentos, los recelos ante la cacería o los toros. Sin embargo, en la línea de flotación del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos prima el impulso acelerado de la lucha contra el cambio climático, los retos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La situación del campo español y en especial el andaluz debería conllevar un cambio de prioridades. El campo andaluz es un ecosistema sociológico complejo que representa el 11% del PIB regional –244.000 explotaciones, la cuarta parte del total nacional–, y una de las patas de la economía junto con el turismo.

La actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los 778 municipios de Andalucía. El sector agroalimentario aporta el 10% del empleo en la región: da trabajo a más de 290.000 personas (246.000 sector primario y más de 46.000 en la industria) y supone en torno al 8% del PIB de la economía. Es un sector capital que, sin embargo, está envejecido. Nueve de cada diez agricultores son mayores de 40 años; el 70% sobrepasa los 50 y el 35% tiene más de 65 años y, con una pensión que ronda los 600 euros, sigue trabajando la tierra para complementar sus ingresos.

La escasez de ayudas y la presión fiscal son las principales trabas para el relevo generacional en el campo. Muchos de los problemas y reivindicaciones del sector agrícola dependen de varias administraciones, singularmente de la Comisión Europea. A los más jóvenes les llega en forma de cultura del subsidio y abandono del emprendimiento.

En el PSOE andaluz cunde la preocupación por la pérdida de contacto con el mundo rural es notoria. Aún hoy, desalojados del Ejecutivo autonómico, tienen alcaldes en el 65% de los municipios de la región y gobiernan cinco de las ocho diputaciones provinciales. Pero la preocupación por esa “desconexión entre lo urbano y lo rural” que “alimenta prejuicios” también existe en IU, con una importante implantación territorial andaluza: cerca de 70 alcaldías y más de mil concejales.

El problema de dejar un espacio vacío en política es que enseguida te lo ocupan, y recuperarlo cuesta más. No parecen darse cuenta muchos políticos que hay que repensarse los tiempos del pacto verde y observar cómo la crisis energética y del transporte está aplastando al sector agroalimentario y tiene paralizado el país. Andalucía tiene dos realidades poblacionales y dos velocidades de crecimiento y desarrollo. Más del 80% de la población se concentra en las capitales y sus áreas metropolitanas, las ciudades medias y el litoral, todas ellas bien conectadas.

Vox ha tenido el acierto de invertir la estrategia de los dos grandes partidos y buscar su penetración por la Andalucía rural, en zonas más despobladas, donde se concentra el malestar del mundo agrícola, ganadero y de la caza. El equilibrio es complejo.

El sindicalismo obrero de clase ha ido alejándose del movimiento jornalero, y en ese hueco crece Vox. En diciembre habrá elecciones andaluzas y en mayo del 2023 un carrusel de elecciones locales y autonómicas.  ¿El preludio de un fin agónico de Sánchez?