La independencia americana tuvo como sus raíces en las transformaciones que un siglo antes empezaron a gestarse tanto a nivel de los virreinos o colonias americanas, como a nivel de los imperios europeos cuyas guerras por la apropiación de la explotación americana modificó el mapa de dominación que habían sostenido los españoles durante trescientos años.

El siglo XVIII fue un período clave para entender las tensiones que se generaron años más tarde en el proceso independentista. Mediante el análisis de las prácticas y los intereses de los habitantes de la cuenca caribeña en contraste con las normas de la racionalidad económica y política española materializadas en las reformas borbónicas.

La fuerte incidencia de la autonomía local y la construcción de redes sociales en las fronteras del Caribe sobre las tensiones favorecieron los inicios de la independencia.

El contrabando para beneficiarse y/o resistir el sistema colonial y garantizar el bienestar particular o colectivo legitimó las primeras manifestaciones revolucionarias a fines del siglo XVIII, quienes se apoyaron en la necesidad de mantener “el bien común” como forma de resistir y desafiar el monopolio del sistema colonial.

El Caribe se convirtió en un punto esencial para la circulación mercantil, un escenario donde se enfrentaban los intentos españoles por monopolizar el comercio y la frecuente puesta en práctica de diversas formas de alianzas que facilitaron el contrabando con las potencias extranjeras que se habían ido apoderando de varias islas del Caribe.

Durante el medio siglo antes de la independencia el Caribe se fue transformando en un espacio de intercambio cultural donde los territorios dominados por las potencias europeas abrieron sus puertas a diversas formas de explotación tanto del territorio como de sus habitantes.

Los circuitos mercantiles que paulatinamente se fueron consolidando permitieron la interacción de los habitantes de las colonias integradas en este espacio, entre los súbditos de la Corona española y los extranjeros franceses, ingleses y holandeses de la cuenca caribeña y de sus islas.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la Corona española impulsó un proyecto reformador que buscaba transformaciones en las esferas comerciales, productivas, fiscales, militares y políticas.

Es así como algunos años después, Cuba y Puerto Rico empiezan a experimentar un florecimiento económico bajo el sistema de la plantación.

Una de las situaciones que crearon mayor tensión fue el monopolio del comercio ultramarino y el fortalecimiento del régimen fiscal a favor de la Corona, es decir, se modificó la situación de España como intermediario comercial de mercancías europeas y como responsable del comercio interno de sus colonias en América de manera que la Corona tomaría las riendas del mercantilismo que le había ganado ya varias décadas Inglaterra, Francia y Holanda.

Las “novedosas” políticas comerciales que traían consigo las reformas borbónicas, representaron la continuación del monopolio comercial de una metrópoli que no tenía la capacidad ni mercantil, ni naviera, para abastecer sus territorios.

Al final, este hecho terminó favoreciendo los intereses de los poderes locales (elites, funcionarios públicos, militares, líderes nativos) e impulsando algunos mecanismos de resistencia como el contrabando, que permitían la sobrevivencia de diversos espacios del Caribe y la generación de prácticas socioculturales que lograban el sostenimiento activo de una autonomía frente a los lineamientos comerciales de la legislación hispana.

Sin duda alguna, fue el fenómeno del contrabando el que demostraba que el desarrollo de América superó la capacidad de suministro por parte de la metrópoli, la cual no tenía un mercado interior lo suficientemente amplio como para absorber los productos americanos.

Además, España estaba en desventaja naval con respecto a las potencias rivales, lo cual entorpeció las comunicaciones e hizo que aumentara el desabastecimiento en sus posesiones ultramarinas, máxime cuando la industria americana producía solo géneros bastos y carecía de artículos de primera necesidad.

El imperio español tenía un proyecto económico que beneficiaba más a la metrópoli, y los habitantes del Caribe desarrollaron la capacidad de consolidar sus intereses particulares mediante la aprehensión de formas alternas como el contrabando, que les permitió tener una mejor posición en el escenario colonial dominado por los europeos.

La guerra de sucesión entre 1701 y 1713, trajo cambios trascendentales pues los intereses comerciales llevaron a las potencias extranjeras a emprender una lucha por la obtención de un mayor número de territorios de las posesiones españolas con el fin de asentarse y consolidar sus intereses en el Caribe.

Con frecuencia, los habitantes del Caribe recurrieron a la formación de redes sociales para garantizar su acceso al contrabando tejiendo complejos entramados de relaciones y actividades donde se negociaban los diferentes intereses.

Vecinos, alcaldes y gobernadores de La Habana aceptaban el soborno de los extranjeros a cambio que consintieran el tráfico ilícito en los puertos de la isla.

Muchas familias criollas poderosas se vincularon al comercio a través de inversiones en compañías navieras que al mismo tiempo favorecía el enriquecimiento particular de los poderes locales en el decadente imperio español de la segunda mitad del siglo XVIII.

El impacto de las Reformas Borbónicas y el objetivo de reforzar el control sobre el territorio, la población y los recursos terminó convirtiéndose en un detonante que tensionó fuerzas en favor de la independencia.

A lo largo del siglo XVIII, Inglaterra, por su rivalidad con España, se presentaba como la aliada natural para los americanos descontentos con el yugo hispano.

En 1781, un jesuita, el peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán, pide a Gran Bretaña que intervenga en apoyo de la sublevación de Tupac Amaru, enviando una fuerza militar al Río de la Plata. Los ingleses, sin embargo, acaban de firmar con España el tratado de Versalles.

Por fin, el 14 de febrero de 1790, Miranda, dirigió al mandatario inglés una propuesta para que Inglaterra ayudara a la América española a independizarse de su metrópoli.

El caraqueño justificaba la emancipación por la «opresión infame» que la Península ejercía «negando a sus naturales de todas las clases que pueden obtener empleos militares, civiles o eclesiásticos de alguna consideración”. En esta situación, los latinoamericanos tenían derecho a sacudirse dominación tan tiránica.

Con el fin de convencer a los británicos de lo viable de su propuesta, Miranda entregó a Pitt diversos informes de alto valor estratégico, entre los que sobresalía el dedicado a la población y situación económica y militar de la América española. Miranda le respondió que implantaría un régimen muy similar al de Gran Bretaña, es decir, una monarquía constitucional en la que el jefe del Estado sería un inca o soberano hereditario.

En diferentes momentos, pero siempre con la compañía de algún correligionario, llegaron a la capital del Támesis fray Servando Teresa de Mier, José de San Martín, Simón Bolívar, Andrés Bello, Antonio Nariño y Bernardo O’Higgins.

En 1801 se presenta a Henry Addington, el primer ministro que ha sucedido a Pitt, un proyecto constitucional para la nación de sus sueños: una América unida, desde México a la Patagonia, que debería su capital en Panamá, una ciudad que se llamaría Colombia en honor del descubridor.

En 1806, intenta por dos veces invadir Venezuela, y The Times presta una cobertura excepcional a su iniciativa, con más de ciento ochenta artículos, en su mayoría favorables al proyecto libertador. España era aliada de Napoleón, y este era el mortal enemigo de Gran Bretaña. Por tanto, atacar a los españoles y arrebatarles sus colonias resultaba necesario para vencer el poderío de Francia: “Mientras España permanezca en su actual estado de subordinación al querer del Corso, cada disminución de su territorio y de sus recursos puede considerar como un golpe dado al poder de Francia y un ataque a la ambición del tirano que la gobierna”.