“Se ha producido por parte de los agentes de la Policía un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio”. Así dice la Audiencia Provincial de Madrid, que ha ordenado abrir una investigación a los agentes de la Policía Nacional que el pasado 21 de marzo entraron derribando la puerta de un apartamento del centro de Madrid en el que se celebraba una fiesta.

Los magistrados consideran que no se estaba cometiendo ningún delito flagrante que justificara entrar en el domicilio sin el preceptivo mandato judicial. La negativa de los inquilinos a abrir la puerta a los agentes no puede considerarse un delito que ampare a los agentes. Esa desobediencia había sido el motivo alegado por los policías.

“La obligatoriedad de identificarse ante los agentes, como se deduce de la propia norma que le es de aplicación, no tiene carácter delictivo, menos aún delito flagrante, pues las personas que se encontraban en el interior del domicilio, únicamente se negaron a abrir la puerta y con ello a identificarse, por lo que no era de temer una progresión delictiva o la desaparición de pruebas de un delito que en definitiva no se había cometido”, añade la Audiencia. Nuevo varapalo, en este caso judicial, para el ministro del Interior, ocupado desde hace meses en acercar presos etarras a las prisiones del País Vasco y Navarra.